Gregorio Santos: Ordenanza Regional 036 se defenderá en fueros internacionales

Por: Tito Vera Cubas

Gregorio Santos Guerrero, presidente regional de Cajamarca, -luego de conocer el fallo del Tribunal Constitucional- dijo “hoy iniciamos a diseñar la estrategia de defensa de la Ordenanza Regional 036 ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, tenemos un plazo de 6 meses para armar el expediente, conseguir los profesionales (nacionales e internacionales) y proceder a la formalización de la apelación en el fuero internacional”.

Es una decisión del Gobierno Regional de Cajamarca interponer una demanda internacional para defender el fuero de los gobiernos regionales, la autonomía de las regiones y ampliar conquistas de regionalización. Los gobiernos más cercanos a la ciudadanía son las regiones y municipalidades, por lo tanto, son ellos los que deben tener las competencias expresas para proteger los acuíferos y el ambiente en general, además de liderar el desarrollo regional.

Este es un tema no solo del Perú: existe en todo Sudamérica, Estados Unidos y otros países del mundo gobiernos descentralizados (estados federales, gobiernos regionales en el caso peruano, etc.). Yo espero lograr una corriente de opinión nacional e internacional para evitar que las regiones sean arrinconadas por el gobierno nacional (en cualquier etapa) ante la amenaza de centralizar el poder económico, las decisiones políticas y fiscales del país.

Necesitamos entrar a un debate franco a nivel nacional e internacional sobre las competencias de los gobiernos regionales -compartidas y exclusivas-, que la población sienta la necesario de asignar competencias a las regiones y provincias para tomar decisiones en las inversiones privadas y públicas, mientras que el Gobierno Central asuma el rol rector de la política nacional.

PRINCIPIOS DE LA ORDENANZA 036

Los principios fundamentales de la Ordenanza Regional 036 son: Principio Precautorio, donde el propio Tribunal Constitucional considera vinculante a todas las autoridades públicas, y obliga a tomar decisiones cuando hay riesgo inmediato contra los derechos ambientales de la población.

Mientras que el Principio de Subsidiaridad Gubernamental, dispone en caso de indefinición normativa, el nivel de gobierno que de be intervenir es, indudablemente, el mas cercano a la población y de interés público que se quiere satisfacer o defender; Principio Pro Homine, obliga a los operadores jurídicos a aplicar e interpretar los derechos fundamentales en forma extensiva, tratando de extender su campo de aplicación en sentido que más favorezca la libertad, la seguridad, la salud y dignidad de las personas.

SANCIÓN A YANACOCA

Gregorio Santos Guerrero sostuvo que las empresas mineras: Yanacocha, Doe Run y otras en el Perú deben ser sancionadas para que paguen las deudas ambientales, sociales y salud pública regional, luego deben ser expulsadas del Perú por daños causados.

El peritaje Valdés no es la solución al conflicto, solo es un documento que se suma a los ya existentes: informe Robert Morán, Ricardo Guieseke, Guido Peralta y para el mes de mayo saldrá otro documento por un científico equipo de científicos suizos donde se demostrará la inviabilidad de Conga.

En el IEA de Conga, Yanacocha, no hay un solo párrafo sobre su experiencia minera de 18 años en Cajamarca, son expertos destruyendo lagunas, bofedales, desapareciendo ríos y contaminado el agua. Quieren imponer un proyecto como un nuevo experimento, eso no se va a permitir.

Finalmente, Gregorio Santos dijo “ El Gobierno Nacional debe exigir a Yanacocha que retire toda su maquinaría de Conga porque el proyecto seguirá paralizado”.