Comunicado oficial

1. Lamentamos que el Gobierno Nacional, por enésima vez y por causa de la minería, reprima a pobladores que ejerciendo su derecho constitucional a la manifestación pública expresaban su oposición a un proyecto minero, ubicado en las zonas altas del distrito de Cachachi, que podría contaminar El Valle de Condebamba, uno de las zonas con más potencial productivo agropecuario de la región Cajamarca.

2. Demandamos la urgente derogación de la Legislación Nacional sobre industrias extractivas, en la medida que el actual sistema de talleres y audiencias públicas, presuntamente orientados a obtener la licencia social de proyectos ubicados en territorios campesinos, desconoce y viola los deberes internacionalmente contraídos por el Estado Peruano, conforme a las cuales el Estado, y no las empresas como sucede actualmente, debía realizar la consulta previa, garantizando el derecho de los campesinos no sólo a ser informados, sino también el derecho a decidir sobre la viabilidad de los proyectos que afectarán gravemente su modo de vida, tal como se dispone en el convenio 169 de la OIT, así como en la reciente Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. Denunciamos asimismo que esa Legislación, cuya derogación demandamos, contiene una grave contradicción sobre el derecho de los gobiernos regionales a planificar el desarrollo sostenible de sus territorios, en la medida que al tiempo que se les niega toda intervención normativa y ejecutiva en la autorización de proyectos de mediana y gran minería, concentrada de manera exclusiva en manos del ministerio de energía y minas, se termina asignando a las direcciones regionales de minería roles absolutamente secundarios, como la convocatoria a talleres participativos o la recepción de solicitudes de formalización de mineros ilegales, con el presunto propósito de legitimar tales intervenciones, aunque ellas no sean compatibles con su visión de desarrollo regional.

4. Denunciamos, asimismo, la nefasta política del Gobierno Nacional sobre la minería informal, en la medida que la reciente ampliación del plazo de formalización, no sólo ha creado las condiciones para la permanencia de estas actividades ilícitas sino que incentiva su intensificación y expansión, a fin de aprovechar los altos precios de los minerales que favorecen principalmente a las grandes mafias de acopiadores y exportadores de oro que están detrás de todas las operaciones informales, sino que también incentiva la disputa violenta sobre nuevas áreas susceptibles de explotación, como viene ocurriendo en muchas partes del Perú y también en Cajabamba, anidándose un grave conflicto social de impredecibles consecuencias, cuyo único responsable será el Gobierno Nacional.

5. Señalamos, finalmente, que en el actual contexto de violencia y represión, la audiencia pública convocada para la exposición del estudio de impacto ambiental del proyecto Sulliden, carece de toda legitimidad. y por consiguiente debe ser suspendida definitivamente, en un gesto de responsabilidad de la empresa y del Gobierno Nacional, a fin de evitar el escalamiento de un nuevo conflicto social por un proyecto que no tiene licencia social en su origen.

Cajamarca, 12 de marzo de 2013.