Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente la discapacidad en la población peruana se ha incrementado en un 15%. Esto alcanza, sobretodo y de manera notoria, a las poblaciones más pobres y vulnerables del país. Cajamarca, después de 18 años de minería desde la llegada de Yanacocha, sigue siendo una región donde prima la pobreza y pobreza extrema (se estima que es del 82%) y se expresa en una serie de hechos objetivos: prejuicios, estigmas, exclusión, marginación, discriminación, postergación, desigualdad, invisibilidad, indiferencia, rechazo, inequidad, falta de oportunidades, entre otros.
Se pueden enumerar varios factores o causas que generan la discapacidad pero uno de ellos resulta ser la falta de políticas públicas en el pasado, las mismas que tendrían que conllevar a políticas de prevención, atención y promoción de servicios; en el orden de la prevención permanente. El último censo de población y vivienda -2007 “- señala que 28 mil 539 hogares (8,6%) tienen al menos a un integrante del hogar con discapacidad física o mental.
En estos días, Cajamarca, además de perder cinco vidas a causa de la represión por parte del Estado, en contra del pueblo cajamarquino que lucha en defensa de la vida, el agua y el medio ambiente, lamenta que como consecuencia de la cruenta y desatinada represión por parte del personal policial; el Gobierno Central y la Empresa Minera hayan “contribuido” notoriamente al incremento del número de personas con discapacidad, pues actualmente existen muchos hermanos heridos que se salvaron de morir, sin embargo, están condenados a vivir una discapacidad que tendrá secuelas irreparables en su persona, familia y consecuentemente en la sociedad. Penosamente ahora nos toca incluir en la gruesa lista de discapacitados a estos hermanos heridos a consecuencia de la represión por la lucha justa del agua y el medio ambiente.
Es alarmante saber que se está incrementando la discapacidad, pero es más alarmante y doloroso saber que el Estado y la Empresa Minera vienen siendo los principales responsables de que a nuestros hermanos se les condene de por vida a sufrir una discapacidad. Es por ello que, exigimos al Estado Peruano realice estudios de investigación en los ámbitos de influencia minera de nuestra región en cuanto a la discapacidad existente y al impacto en la salud que este tendría de darse la explotación minera, creemos que al igual de importante que hacer un estudio de Impacto ambiental sería realizar un estudio de Impacto en la salud de las personas.
Basta recordar el incidente suscitado en Choropampa donde hubo derramamiento de mercurio, y como consecuencia de ello, la población con discapacidad se incrementó, tal es el caso de María Doris Azañero Cachay (discapacidad motora por deformación de manos), Petronila Hoyos Leyva ( discapacidad motora – cuadripléjica), Juan Martínez Mendoza ( discapacidad motora), Rosa Alvares Leiva (discapacidad motora), Alejandrina Flores (discapacidad auditiva). Ellos, entre otros, adquirieron la discapacidad por la irresponsabilidad de Minera Yanacocha y que en la actualidad no han hecho nada para resarcir el daño; es por ello, que no podemos seguir exponiendo a nuestra población a este tipo de errores imperdonables por culpa de la minería.
Es por ello, desde la Coordinación de la Oficina Regional de Discapacidad (OREDIS), invocamos a quienes corresponda, tomar cartas en el asunto para que cesen estos actos de violencia, para que no se desamparen a nuestros hermanos con discapacidad -producto de los acontecimientos antes mencionados- que vienen atravesando una lamentable situación que podría prolongarse de por vida.
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