El vicepresidente César Aliaga Díaz denunció que el Gobierno Regional Cajamarca ha sufrido un recorte presupuestal, para el programa de inversiones 2014, de 26 millones de soles por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Quien, amparado en una resolución directoral de su despacho, dispone la modificación del presupuesto de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y de las universidades públicas.
La autoridad regional calificó a la medida como discriminatoria, arbitraria e inconstitucional; ya que, deja sin valor: la Ley de Presupuesto de la República, viola la autonomía de los gobiernos regionales, y atenta directamente contra la descentralización.
El vicepresidente regional manifestó que el presupuesto del Gobierno Regional Cajamarca para el 2014 fue trabajado desde abril del año pasado y el 31 de noviembre fue aprobado por el Congreso, determinando 110 millones para proyectos de inversión pública; sin embargo, el 19 de diciembre, con una disposición de carácter reglamentario (tercer nivel normativo) el MEF obliga a los gobiernos subnacionales a modificar su presupuesto; con lo que, el Gobierno Regional Cajamarca debe considerar solo 79 millones de soles (más 5 millones por endeudamiento) como Presupuesto Institucional de Apertura.
Asimismo, afirmó que con esta medida se está afectando la competencia del Congreso de la República; ya que, según la Constitución, éste es el único ente que puede aprobar normas presupuestales. “Inclusive el Pleno del Congreso no puede delegar facultades en materia de presupuesto ni siquiera a su comisión permanente, y peor aún al ejecutivo. El presupuesto es una de las mayores facultades que tiene el parlamento nacional”, dijo.
Por otro lado, denunció que al Gobierno Central (que posee la mayoría del presupuesto en sus manos) no se recortado ni un sol. A pesar de que, en las estadísticas de ejecución presupuestal, éste figura muy por debajo de los gobiernos regionales, que son los que han demostrado más eficiencia en el gasto.
Frente a este problema generado, la autoridad regional, informó que, de acuerdo a las facultades que brinda la Constitución, buscarán reunirse con el Consejo de Coordinación Regional a fin de plantear una acción de inconstitucionalidad. Además, acudirán a la Defensoría del Pueblo; para que, como entidad autónoma, ayude en este proceso de defensa de los intereses de las comunidades que se van a ver afectadas con la no ejecución de sus obras y con el sabotaje a los principios fundamentales de la constitucionalidad y la descentralización.
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