La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC - P) elaboró varias preguntas para que los representantes del Ministerio del Interior y Fiscalía de la Nación repodan respecto a su actuación sobre el tema Conga. Esto durante una reunión solicitada por la organización rondera para este 15 de setiembre en Bambamarca.
En los términos más cordiales hemos solicitado al fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y representantes del sector Interior, para que asistan el próximo domingo 15 de setiembre a la ciudad de Bambamarca y despejen las preocupaciones que tenemos sobre su conducta parcializada durante el retiro de tranqueras en los caminos ancestrales de Conga, el pasado 20 de agosto, informó el presidente de la CUNARC - P Idelso Hernández Llamo.
El dirigente rondero indicó que esta reunión ha sido coordinada con la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Bambamarca, Rondas Unitarias de Celendín y la Federación Regional de Rondas de Cajamarca, para que en un clima de paz y seguridad, escuchen las respuestas de los representantes de la justicia ordinaria, ya que, según sus palabras, éstos violaron el marco constitucional de las rondas campesinas y pueblos indígenas al mostrar un comportamiento intimidante y provocador durante la apertura de los caminos, que por años han servido para el libre tránsito de los campesinos en las alturas de Conga.
Hernández Llamo informó que el 9 de setiembre pasado presentó los oficios, con las correspondientes citaciones a las mencionadas instituciones del Estado, ya que en un marco del entendimiento y diálogo, la justicia jurisdiccional tiene competencias e iniciativa para convocar a este tipo de encuentros.
PLIEGO DE PREGUNTAS
“Lo que el Ministerio del Interior debe explicar:
La negación de identificar a todo el personal a cargo del coronel Arturo Carvajal, ante la solicitud de una autoridad jurisdiccional rondera.
Impedir el acceso libre de nuestros caminos ancestrales y reales por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú.
La posesión de armamento de guerra por parte de los custodios policiales.
Filmación y toma de fotografías por personal encapuchado no identificado, bajo la protección policial.
La negación en recepcionar una notificación ejecutada por la autoridad jurisdiccional rondera.
Maltrato psicológico, verbal y hostigamiento permanente a los ronderos guardianes de las lagunas, así como la quema de chozas y de la reciente muerte del defensor de las lagunas, Armado Atalaya Sánchez, de la Comunidad de Salacat, en la zona de la laguna El Perol del lado de Celendín.
Lo que el fiscal de la Nación debe explicar:
La participación del Ministerio Público en la diligencia de retiro de tranqueras, y el exceso en sus funciones para atribuir el carácter de propiedad privada a nuestros caminos ancestrales.
La negación de algunos representantes del Ministerio Público de identificarse durante la diligencia de retiro de tranqueras.
Razones por la que la representante del Ministerio Público, Sandra Briones, no dio lectura pública del Acta de Inspección Fiscal el 20 de agosto, pese a la solicitud de las autoridades jurisdiccionales ronderas.
La negación de la representante del Ministerio Público, Sandra Briones de recibir una notificación por una autoridad jurisdiccional rondera legitimada Constitucionalmente.
Inicio de investigación por el Ministerio Público contra las autoridades jurisdiccionales ronderas respecto a la diligencia de retiro de tranqueras.
La clara defensa y parcialización de las autoridades de la justicia ordinaria de Cajamarca, presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Dr. Óscar Vásquez Arana y por la presidenta de la Junta de Fiscales de Cajamarca, Esperanza León Deza, a favor de la empresa minera Yanacocha ante la diligencia del retiro de tranqueras por las rondas campesinas; violando y desconociendo todo el marco constitucional y legal que los ampara a los pueblos ronderos e indígenas como sujetos de derecho, y que además hicieron versiones públicas por los medios de comunicación, de confusión, y de desnaturalización a las rondas campesinas, amenazando a las autoridades ronderas, con denunciar la supuesta usurpación y exceso de funciones.”
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