Luego de que, el último jueves 22 de mayo, en conferencia de prensa, autoridades ronderas de Cajamarca, denunciaran el incumplimiento, por parte del Estado Peruano, en la implementación de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige la adopción de las medidas necesarias que garanticen la vida y la integridad personal de 46 líderes opositores al proyecto Conga de Yanacocha, varios ciudadanos se pronunciaron al respecto.
Para Fredesvindo Rojas Vásquez, los “tinterillos de la DBA” se han equivocado; puesto que, los ronderos y campesinos plantean alternativas para la humanidad y no solo por mezquindad minero-monetaria. “Viva la lucha jurídica defendiendo las sagradas lagunas de Conga”, escribió en su cuenta de facebook.
Por su parte, Eduardo Vargas Tasilla, dijo que: “La plata se acaba, las riquezas se acaban, pero la tierra que nos provee de todo no; es más, de estos lugares ‘santos’, como son las ‘cabeceras de cuenca’, nadie debe ser dueño porque de allí desciende el agua que es vida para todos; por tal razón, todas las personas están obligadas a controlar estos lugares”.
Como se recuerda, la central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) y la Federación Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas de Cajamarca, con carta de fecha 19 de mayo se dirigieron al ministro de Justicia Daniel Figallo Rivadeneyra y a Luis Huerta Guerrero, procurador público especializado supranacional del Ministerio de Justicia, solicitando concertar reunión de trabajo respecto al tema para el 22 de mayo en Cajamarca, sin tener respuesta alguna.
“Las autoridades ronderas de Cajamarca consideramos que es un acto dilatorio, el Estado (a través de la Procuraduría Publica Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia) pretende de mala fe, desconocer a los 46 beneficiarios identificados por la CIDH, así como a su representante legal, Dra. Zulma Villa Vílchez”, mencionó mediante un pronunciamiento la CUNARC-P.
La reunión de trabajo debió estar encabezada por una comisión nombrada en Asamblea Rondera del 13 de mayo en la laguna El Perol, conformada por: Ydelso Hernández Llamo, Santos Saavedra Vásquez, José Mario Mendoza Zafra, Segundo Alfredo Mendoza Vásquez, Eddy León Benavidez Ruiz, Manuel Ramos Campos y la asesora legal de la CUNARC-PERU y miembro del IIDS en representación de todos los beneficiarios de dicha medida cautelar; sin embargo los representantes del Estado Peruano no respondieron.
“Con ello, las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca comprobamos que el Estado, a pesar de tratarse de un caso grave y urgente, no quiere acatar el mandato de la CIDH, la cual deja mucho que decir”, dijo Ydelso Hernández Llamo, presidente nacional de las Rondas Campesinas.
A la fecha ningún representante del Estado se ha comunicado con los beneficiarios/as o con su representante legal para cumplir con la Medida Cautelar de la CIDH. Frente a ello, las rondas campesinas, con respaldo del Pacto de Unidad donde están representadas todas las Organizaciones Nacionales de los Pueblos Indígenas del Perú, se vieron obligadas, mediante un pronunciamiento, hacer públicas sus demandas de protección que el Estado debe adoptar para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios/as.
Entre las medidas de protección propuestas por las rondas campesinas, con relación a los 46 líderes y lideresas identificados/as, son: adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las beneficiarias y beneficiarios identificados/as en concertación con los/as mismos /as y sus representantes, entre otros.
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