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TRABAJANDO POR EL BIEN DE TODO EL PERÚ

03-06-2014
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1.- La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), condena los actos delictivos y homicidios acontecidos en la región Ancash, hechos evidentes de la inseguridad ciudadana que se percibe y sufre diariamente en todas las regiones del país. La serie de acusaciones conocidas, involucrarían al Presidente de la Región, al Alcalde Provincial, a diversas autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, a miembros de la Policía Nacional e incluso a congresistas de la República. Se trata en consecuencia de denuncias que claramente van más allá de la autoridad regional y que configuran una situación muy grave, ante la cual, exhortamos a que las autoridades competentes culminen con las investigaciones en el más corto plazo, y se sancione a quienes resulten responsables y culpables de los asesinatos y los hechos delictivos. El pueblo de la Región Ancash y el Perú necesitamos conocer la verdad frente a estas graves denuncias.

2.- Recordamos que desde años atrás, los Gobiernos Regionales somos objeto permanente de control por distintas instancias del Estado. El órgano de control interno (OCI) pasando por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito y Fiscalías Anticorrupción, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo que hace seguimiento al proceso de descentralización y el Ministerio de Economía y Finanzas que supervisa la gestión de los recursos que transfiere, pero también los Consejeros Regionales y la propia ciudadanía que ejercen su función de fiscalización y vigilancia, son parte de las instituciones a las que estamos obligados a informar, atendiendo a sus requerimientos y a los cuestionamientos de manera cotidiana y frecuente. Se trata de obligaciones que nunca nos hemos negado a cumplir, pues complementan el buen desempeño de las instituciones del Estado, del cual somos parte y respetamos lealmente.

3.- Exigimos que en Ancash se hagan todas las investigaciones necesarias y que intervengan, como lo hacen regularmente, los distintos órganos de control del Estado, hasta dar con los culpables, sancionándolos ejemplarmente, como establece la ley, sin importar su cargo ni posición. Por la importancia del proceso y sus implicancias, exigimos no politizarlo ni usarlo indistintamente como fácil argumento contra las autoridades regionales elegidas democráticamente. La ANGR demanda objetividad y total transparencia en las investigaciones que realizará la Comisión Investigadora del Congreso de la República, invocando el respeto al marco jurídico vigente y al debido proceso en cada una de las acciones a desarrollarse.

4.- Invocamos al Presidente Regional de Ancash, a facilitar toda la información y contribuir para conocer la verdad en cada una de las investigaciones, pues él es el primer obligado y mayor interesado en aclarar las denuncias hechas en su contra. Demandamos esclarecer todas las acusaciones, las que interesadamente, vienen siendo empleadas para cuestionar el proceso de descentralización y las funciones, competencias y responsabilidades de los representantes de los Gobiernos Sub-Nacionales, elegidos democráticamente por el pueblo de cada una de las regiones de nuestro país.

5.- Reiteramos nuestro compromiso con el proceso de Descentralización iniciado hace ya 12 años. Más allá de sus limitaciones y dificultades, éste ha contribuido a mejorar la calidad de vida de peruanas y peruanos en el interior de nuestra costa, sierra y selva. El proceso, encaminado hacia la regionalización, es perfectible y mejorable, pero también irreversible, pues responde al anhelo de muchas generaciones de hombres y mujeres para tener mejor atención de salud, más y mejor educación para sus hijos, así como es la oportunidad de participar en el manejo de sus instituciones para una real solución a las necesidades sociales y económicas de cada uno de los pueblos de nuestro país. Estamos convencidos que mediante el diálogo, la aplicación justa de las leyes y el trabajo articulado entre todos, lograremos el trabajo más eficiente, transparente y ordenado entre los distintos niveles de gobierno, que todos requerimos.

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