Por Segundo Matta Colunche
En mayo pasado se presentó la II edición del libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, cuyo autor es el peruano Alfonso Quiroz. Este ya se había publicado hace dos años atrás, sin embargo su versión en inglés no llegó masivamente al Perú y solo estuvo en manos de embajadas peruanas y compatriotas residentes en diferentes países del mundo.
Los pocos que accedieron a este trabajo de investigación, le dieron el valor necesario a este importante documento. El libro estudia los delitos de corrupción desde la colonia, habla del Virrey Amat, el más contumaz de todos los representantes del monarca.
El libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, describe con precisión indiscutible (documentado) las irregularidades en la época de la República. Los últimos escándalos por esta lacra en los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori. No pudo escribir más porque físicamente se nos fue, de lo contrario estuviera cifrando su segundo tomo.
De varias cifras que presenta, lo que más llama la atención e indigna es el costo que ha significado para el país este modelo constante de corrupción: un 4% del PBI en promedio. ¿Qué hubiera pasado si el país hubiera contado con ese porcentaje para, por ejemplo, educación? Nuestra realidad fuera otra.
No hay nada para suponer que estemos ante un fenómeno de una magnitud mínimamente parecida a la de los 90, pero ya hay señales de que las cantidades en juego no son pocas. Las denuncias contra los expresidentes García (narco indultos), y Toledo (compra de inmuebles), el blindaje a Omar Chehade y la presencia de Alexis Humala en las licitaciones del gobierno de su hermano Ollanta, expresan que la corrupción continúa en las principales instituciones del Estado. La factura también pasa a los gobiernos regionales, como el caso de PROREGIÓN (en investigación) en Cajamarca y la Municipalidad Provincial, ésta última por el manejo de licitaciones que benefician a regidores y familiares de éstos.
La corrupción es una lacra que está institucionalizada en el país en todos los niveles y esferas, por lo tanto el Gobierno Regional Cajamarca no está ajeno a este contexto, sin embargo, pasa por situaciones individuales de las cuales deberán responder los directamente involucrados.
En 2010 la Contraloría General de la República reveló que el costo de la corrupción podría llegar al 58% del PBI per cápita en Latinoamérica, auditorías revelaron pérdidas de hasta 9 mil millones de soles en los últimos 18 meses al año de realizada la investigación. Algo similar se presenta en nuestros días, sin embargo las denuncias sólo han quedado en escándalos.
Para frenar este problema social se tiene que tener una posición firme con respecto a la transparencia y participación de la población en la gestión, pasa por ser intolerantes ante actos de corrupción y sancionar con dureza a los infractores. Se necesita mayor vigilancia de los recursos que manejan las instituciones públicas y privadas (mineras), por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación.
En el Gobierno Regional Cajamarca se han tomado acciones para corregir estos actos, se encuentra en proceso de aprobación la Ordenanza Regional para la conformación del Comité Regional Anticorrupción, no habrá tregua en la lucha por desterrar este flagelo, en donde los medios de comunicación honestos y sociedad civil organizada son los llamados a fortalecer la vigilancia ciudadana.
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