En Perú, el tener una Constitución Política orientada a promover un “enfoque económico neoliberal” que sobrepone el derecho a las inversiones sobre los derechos fundamentales, como por ejemplo el acceso al agua, impide declarar Áreas de Conservación Regional, declaró Nevenka Caicedo, Asesora Legal de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Cajamarca.
Según expresó, contario a otros países del mundo donde el “derecho económico” está supeditado a los “derechos fundamentales” -ejemplo el acceso al agua limpia- en Perú tienen privilegios los grandes inversionistas, como es el caso de las mineras, que a pesar de estar asentadas en cabeceras de cuenca siempre terminan explotándolas sin tener en cuenta la opinión de la población o los daños causados a la naturaleza.
“Lamentablemente en nuestro país, la Constitución establece en su Art. 2 Inciso 16 que, todas las poblaciones tenemos derecho a la propiedad y herencia, pero en el Art. 22 establece que tenemos derecho a un ambiente equilibrado pero no contempla el derecho al agua. Es decir prioriza el derecho a la propiedad antes que el derecho fundamental de acceso al agua. Eso le da carta blanca a los inversionistas”, dijo.
Estas declaraciones las dio a conocer, luego de conocerse la noticia de que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNAM) denegara el pedido del Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de San Pablo, de declarar a las lagunas de Alto Perú, de esa provincia, como área de Conservación Regional. Pedido realizado desde el año 2010.
Nevenka Caicedo, tras mostrarse optimista sobre el nuevo pedido para proteger estas lagunas ante instancias internacionales, como la Convención Ramsar, a la que recurrirán ambas instituciones en los próximos días, reveló también que el Gobierno Regional de Cajamarca continuará luchando por la aprobación de Iniciativas Legislativas que proponen al agua como un derecho fundamental.
“Todos los problemas de los conflictos sociales medioambientales tienen su origen en la Constitución Política del Perú, por lo tanto urge cambiarla o modificarla, al menos en algunos artículos donde se considere claramente al agua como un derecho fundamental y que debe estar por encima de cualquier derecho económico” señaló.
Agregó que pese a que está incluida en las recomendaciones de las Naciones Unidas, una iniciativa para dejar sin efecto los citados artículos de la Constitución, los cuales han sido los causantes de que se entramparan 4 ó 5 expedientes de Áreas de Conservación Regional presentados por el Gobierno Regional, el Gobierno Peruano no ha dado una sola muestra de querer modificar la Constitución, a pesar de haber sido una promesa electoral del presidente Ollanta Humala.
Cabe indicar que en la provincia de San Pablo, el 99% del territorio está concesionado a empresas mineras para realizar actividades de exploración y explotación de minerales, y las poblaciones ven peligrar sus actividades agropecuarias. Sin embargo, el impacto será mayor en las zonas aledañas a los principales caudales que tienen su origen en 780 cuerpos hídricos de la zona y que sirven para riego y consumo humano de poblaciones de La Libertad y Lambayeque.
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