Después de que el gobierno central decidiera oficializar la derogatoria del DU 012 - 2011, que ponía freno al gasto público en todo el país, (con la excusa de Fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal y Generar Mayor Ahorro Público), hoy en conferencia de prensa, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, dijo que la decisión fue tomada gracias a la lucha de los gobierno regionales y locales en todo el Perú.
Tras citar la movilización del pueblo cajamarquino (el pasado 16 de mayo) para exigir la asignación presupuestal, Santos Guerrero dijo que la emisión del decreto 026-que deroga el decreto que impedía realizar el gasto público- permite darle una oxigenación a las regiones en cuanto a la ejecución de los compromisos anuales.
“Después de la movilización del gobierno regional, el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas otorgó 109 millones por concepto de saldos de balance, 59 millones del PCA (en un primero momento) y luego 80.3 millones más, con cuyos montos al fin se pudieron licitar algunas de las obras más urgentes” señaló.
Entre las obras licitadas citó a la carretera Ramoscucho - La libertad de Pallán (Bambamarca y Celendín), la culminación de los estadios Víctor Montoya Segura y Héroes del San Ramón, talleres en Cajabamba, entre otras obras que serán terminadas con estos presupuestos que bordean los 250 millones de soles.
“Gracias a la paralización, Cajamarca fue una de las primeras regiones en ser atendida con sus presupuestos, con los cuales el sistema empieza a funcionar” agregó.
Hay que recordar que el Decreto de Urgencia 012-2011, fue aprobado por el ejecutivo el pasado 31 de marzo, con la finalidad de asegurar la transición del gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa. Sin embargo, la promulgación de esta norma generó un perjuicio irreversible al proceso de descentralización del país por cuanto postergó la ejecución del gasto público en las regiones a través del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Las autoridades de los gobiernos regionales cuestionaron la viabilidad de la norma, pues la medida era contradictoria con la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la reciente rebaja del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
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