Diario La República
Editorial
07 de diciembre de 2011
Puede que de momento se tranquilice la región afectada, pero la necesidad de llegar a acuerdos mínimos para restaurar la paz social sigue en pie.
Estuvieron a punto de lograrlo, pero al final venció la intransigencia. El premier Salomón Lerner Ghitis y otros cuatro miembros del Ejecutivo, además de una delegación facilitadora, habían llegado a Cajamarca en plena disposición de dialogar, y fueron nueve horas en que las partes expusieron sus puntos de vista, tal como lo ha narrado el detallado informe de nuestros enviados especiales.
Al final, el proyecto de acta que llegó a elaborarse contenía cuatro puntos esenciales: 1) El retiro de la maquinaria utilizada por el proyecto Conga sería un asunto manejado por la Defensoría del Pueblo; 2) El Informe de Impacto Ambiental presentado sería revisado por una Mesa de Especialistas nacionales y extranjeros de máximo nivel; 3) Otra Mesa se encargaría de elaborar un Plan de Desarrollo Regional de Cajamarca; 4) Se levantaría el paro.
Según todas las versiones, fue este último punto el que empantanó las cosas, pues la posición del gobierno era que los dirigentes firmaran el acuerdo al levantarse la reunión, en tanto los alcaldes de los distritos de Huasmín, Bambamarca, Sorochuco y La Encañada –directamente afectados por el proyecto Conga– pidieron un plazo de 24 horas para consultar con sus bases, algo que no fue aceptado.
Hay que decir, sin embargo, que el pedido de los burgomaestres no fue caprichoso sino que obedece a una práctica social profundamente arraigada en Cajamarca, y que evita que los dirigentes sean luego acusados de traición o de mandarse por la libre sin escuchar a las bases. Esta práctica, iniciada en las rondas campesinas, se ha generalizado en los últimos 50 años, hasta resultar indispensable para validar acuerdos.
Cabe lamentar, sin duda, que se tomara esta consulta a bases como un pretexto para una dilación o una posterior pateada de tablero. Como sea, se trata de hechos consumados y sobre los que no cabe volver atrás. Fracasado el acuerdo, comenzó a operar el Plan B: se proclamó el estado de emergencia por 60 días en cuatro provincias cajamarquinas (Celendín, Cajamarca, Hualgayoc y Contumazá) y efectivos militares y policiales tomaron la capital regional, en tanto el presidente Humala habló al país.
Siempre es desagradable tener que recurrir a medidas extremas, máxime cuando el entonces candidato Humala anunció que su gobierno estrenaría un modo diferente de resolver los conflictos sociales. Ahora se espera que los Frentes de Defensa levanten el paro y la región vuelva a la normalidad. Sin embargo lo ocurrido, además de sentar un precedente, plantea una incógnita sobre lo que sucederá cuando el estado de emergencia sea derogado y las partes se encuentren otra vez frente a frente y sin ningún acuerdo de por medio.
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